LA PEOR CORTE DE LA HISTORIA

LA PEOR CORTE DE LA HISTORIA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación presidida por Rosatti se encamina a ser la peor de la historia. La decisión en el fallo “Levinas” con la mayoría circunstancial del último día de Maqueda constituye un nuevo rediseño institucional de facto y sin ningún tipo de consenso.

En “Levinas”, la Corte reconoce amplísimas facultades al Tribunal Superior de Justicia de la CABA en tanto declara su competencia para la revisión de las sentencias de la Justicia Nacional con jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires. De modo tal que la Corte, por medio de esta maniobra, dispone la disolución de los intereses nacionales, permitiendo que la justicia local de la ciudad que es Capital de todos/as los/as argentinos/as se arrogue el control de conflictos que involucran a todo el país (por caso, la histórica deuda de Macri por el desfalco del Correo Argentino, una empresa de alcance nacional e intereses que exceden los límites de la Av. General Paz y el Riachuelo).

Desde su conformación en 2021, esta Corte infame -que tuvo 4 (cuatro) miembros y ahora quedaron tan solo 3 (tres)- se ha preocupado más por intervenir la institucionalidad de nuestro país que por sus responsabilidades como cabeza del Poder Judicial de la Nación. La decisión de fortalecer la jurisdicción local de la Ciudad en detrimento de la Justicia Nacional ha desatado la desorganización y la incertidumbre total al interior del PJN.

La firmeza de todas las Cámaras Nacionales de Apelaciones en rechazar esta maniobra de la Corte desnuda el atropello institucional y la conducta contraria a la Constitución Nacional del máximo tribunal, al tiempo que presenta una situación inédita de desconocimiento del fallo del máximo tribunal, producto de la imposición en un asunto que requiere consenso y coordinación institucional. En suma, la decisión de la Corte genera incertidumbre en los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan en los fueros nacionales. No es posible ni deseable que se avance sin intervención del Congreso de la Nación y sin la participación de los/as involucrados/as.

En esta cruzada de la Corte por confeccionar un sistema institucional a medida del poder económico y en resguardo de sus propios intereses, los miembros del tribunal ignoran sistemáticamente la situación de lxs trabajadorxs y el impacto en la sociedad que reclama una mejor justicia, más eficiente y veloz. Esta Corte Suprema ha abandonado hasta la defensa de salarios dignos en el Poder Judicial: lxs judiciales hemos visto reducido nuestro salario en más de un 25%. Hoy estamos en la situación inédita de que el cargo de ingreso a la Justicia Nacional percibe un sueldo por debajo de la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes.

A pesar de esta crisis salarial, la Corte mantiene sus privilegios, agranda la brecha entre trabajadores/as y magistrados/as y se niega a convocar a una mesa de negociación paritaria para la recomposición salarial de lxs trabajadorxs. El desprecio por la Constitución Nacional es total, tampoco cumple con el art. 14 bis: no asegura una retribución justa ni garantiza a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. A contrario sensu, las paritarias en la justicia de CABA que lleva adelante el sindicato con personería gremial SITRAJU CABA, han logrado que los sueldos de los cargos más bajos estén entre un 30 y un 45 % por encima de los salarios nacionales y federales.

Es necesaria una profunda reflexión de los miembros de la Corte sobre sus actos, que asuman la responsabilidad que les toca como cabeza del Poder Judicial de la Nación y que den lugar a un ámbito de diálogo para el consenso sobre las cuestiones que involucran a la comunidad judicial. Es fundamental abrir un debate amplio e inclusivo antes de implementar cambios tan significativos en nuestro sistema judicial.

Por el camino de la unilateralidad, esta Corte solo aporta incertidumbre e inestabilidad al sistema institucional, a los/as trabajadores/as judiciales y a la sociedad en su conjunto que busca soluciones a sus conflictos en la administración de justicia.